transexualidad y mercado laboral

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Transexualidad y Mercado laboral. La exclusión del mercado laboral, la visibilidad de su condición, o el rechazo en el momento de presentar la documentación para la contratación hace que muchas mujeres transexuales deban trabajar, aparte del trabajo sexual, en la "economía sumergida" casi siempre en puestos no acordes con su nivel formativo, se afirma. Tres de cada cuatro transexuales que se prostituyen son latinoamericanas. Entre los siguientes grupos más representados se sitúa a las ecuatorianas, constituyen el (60,6 por ciento), Las españolas (el 10,1), las colombianas (8,9 por ciento), las brasileras (7,3 por ciento) y las argentinas (6,1 por ciento). El 82 por ciento de las mujeres transexuales dependen única o principalmente del trabajo sexual para su subsistencia. La población atendida por las asistentas sociales son Españolas o latinoamericanas, lo que vuelve a sugerir "que el idioma podría ser percibido como una barrera que está alejando a las trabajadoras del sexo no latinas de la atención" por parte de organizaciones de respaldo y ayuda a las prostitutas. La prevención del contagio del virus VIH y de atención socio sanitaria principal problema,. "la práctica totalidad de las mujeres transexuales, trabajan en el sexo de forma voluntaria y consciente", pero muchas querrían tener alguna alternativa laboral, y que la mayoría no tiene un certificado de disforia de género o certificado de transexualidad. El idioma es un aspecto "que dificulta el acercamiento de las trabajadoras del sexo a ciertos recursos", Prevención del contagio del virus VIH y de atención socio sanitaria. La visibilidad es el gran problema de la transexualidad femenina: «Hay muchos prejuicios y estereotipos, además los medios de comunicación sólo sacan un modelo de transexual. También es gente que tiene dificultades para poder insertarse en el mercado laboral, y si desea someterse a una operación de cambio de sexo, tienen que desembolsar cantidades muy elevadas de dinero y los de bajo nivel económico tienen que prostituirse». Por eso, tras esa primera batalla legislativa en la que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, la segunda lucha está en conseguir que sea la Seguridad Social la que asuma el coste de las operaciones de cambio de sexo. Están en el último escalafón social. Al rechazo familiar con la pronta pérdida de sustento económico se une el rechazo de las amistades y el repudio social. Y a la discriminación laboral se suma la discriminación dentro de los propios grupos de discriminados. Un doble estigma que hace que esta minoría tenga menos voz incluso en los colectivos de gays y lesbianas, por otra parte, los únicos que se han preocupado por su situación. Ansían un aspecto físico que les difumine el perfil de ‘bichos raros’ y la atravesada ‘mirada genital’ que les identifica como pervertidos o depravados cuando, cruel ironía, la mayoría de este colectivo se ve forzado a ejercer la prostitución callejera satisfaciendo las fantasías reprimidas de los otros. Un transexual es alguien encerrado en un cuerpo que no siente como suyo. Un hombre en un cuerpo de mujer o una mujer en un cuerpo de hombre. Es un problema de identidad, con independencia de la orientación sexual que prefiera cada cual. Se calcula que existen 8.000 transexuales en España. “cuando el nombre del DNI  no se corresponde con el que te has presentado, ni tu aspecto físico es el de la foto de carné, por muy bien que te haya salido la entrevista de trabajo, acaban rechazándote”,  “La falta de oportunidades laborales es lo que les empuja a la mayoría a ejercer la prostitución y es la base del problema”, quien esgrime uno de los pocos datos que de por sí define esta situación: el 80% de los transexuales ejercen o han ejercido la prostitución. Y la mayoría lo hace en la vía pública, a merced de cualquier clase de agresión. Incluida la de los policías, una realidad silenciada ya que las agresiones no se denuncian, sin especificar nunca además su carácter transfóbico puesto que en la mayoría de los casos las víctimas son prostitutas que no quieren que su caso se haga público, o desconfían de la policía, o son inmigrantes que están en una situación de ilegalidad. No es ninguna novedad afirmar que en el mercado del sexo las transexuales están muy solicitadas. Su clientela es fija y mantiene una demanda de juegos y fantasías eróticas que en ocasiones deriva en violentos enfrentamientos. Las zonas de prostitución han sido escenario de incidentes, ataques y escándalos contra los que se han levantado los propios vecinos. Atc libertad
LA PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR RAZON DE SEXO
Igualdad, despido y transexualidad.   
Recoge el art. 5 de la Directiva de 1976 el principio de la igualdad entre los trabajadores de distinto sexo en cuanto a las condiciones de trabajo, incluyendo en ellas las condiciones de despido.  Sin duda la igualdad de trato en el despido adquiere nuevas dimensiones en el caso de la transexualidad.  El Tribunal de Justicia se pronunciaba sobre esta materia en su sentencia dictada el 30 de abril de 1996 en el caso P./S. [33] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn33> .  El caso se originaba cuando la persona demandante (P.) trabajaba como administradora de un centro docente dependiente de una autoridad administrativa territorial, el Cornwall County Council; P. comunicaba al jefe de estudios y director del centro su intención de someterse a una operación de cambio del sexo masculino al femenino; antes de que se produjese el cambio, P. recibió un preaviso de despido. El Tribunal examina la Directiva de 1976, antes citada, y recuerda que, según  su art. 2, párr. 1, este principio de igualdad de trato supone “la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente”.  Para encontrar una solución, el Tribunal de Justicia acude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; por eso recuerda que (como señalara el órgano judicial sedente en Estrasburgo en su sentencia dictada en el caso REES, el 17 de Octubre de 1986) “se entiende usualmente por “transexuales” aquellas personas que, aun perteneciendo físicamente a un sexo, poseen el sentimiento de pertenecer al otro; intentan con frecuencia acceder a una identidad más coherente y menos equívoca a través de tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas destinados a adaptar sus características físicas a su psicología.  Los transexuales operados forman, por consiguiente, un grupo bien determinado y definible”. Reitera asimismo el Tribunal de Justicia su doctrina según la cual “el derecho a no  ser discriminado por razón de sexo constituye uno de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal…” Con tales antecedentes, la conclusión habría de ser muy clara: El ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE “no puede reducirse únicamente a las discriminaciones que se derivan de la pertenencia a uno u otro sexo.  En atención a su objeto y a los derechos que pretende proteger, la Directiva debe aplicarse igualmente a las discriminaciones que tienen lugar, como en el presente caso, a consecuencia  del cambio de sexo del interesado”.   En realidad, tolerar esa discriminación (basada “esencialmente, si no exclusivamente, en el sexo”) “supondría atentar contra el respeto a  la dignidad y a la libertad a que esa persona tiene derecho y que el Tribunal de Justicia debe proteger”. Esta interesante sentencia pone el dedo en la llaga de las discriminaciones basadas en el sexo en la realidad contemporánea.  En cuanto limitan la libertad y atentan contra la dignidad de las personas, esas discriminaciones violan  pues los derechos humanos y el mismo ordenamiento de la UE. Precisamente en el momento de redactar esta unidad ya han sido presentadas las Conclusiones del Abogado General Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER en el caso K.B./THE NATIONAL HEALTH SERVICE PENSIONS AGENCY [34] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn34> .  Con una fundamentación muy completa, el Abogado General concluye que “la prohibición de discriminación basada en el sexo, consagrada en el art. 141 del TCE, se opone a una normativa nacional  que, al negar el derecho de los transexuales a contraer matrimonio de conformidad con su sexo adquirido, les priva de acceder a una pensión de viudedad” D)  Igualdad  y relaciones entre personas del mismo sexo.  Otro de los problemas planteados afecta a la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y a las relaciones entre personas del mismo sexo.  El problema surge de modo directo en la sentencia dictada en 1998 en el caso GRANT [35] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn35> . La Sra GRANT, empleada de una compañía ferroviaria de la región de Southampton, había firmado un contrato en una de cuyas cláusulas se concedía gratuidad y reducciones en el transporte al cónyuge y a las personas  a cargo de la misma; según el Reglamento adoptado por la empresa, las ventajas a favor del cónyuge no existían si se hallaba legalmente separado de su empleado.  El mismo Reglamento equiparaba cónyuge y persona de otro sexo con la cual un empleado mantuviese “una relación significativa” al menos desde hacía dos años. Basándose en tal Reglamento, la Sra GRANT solicitaba reducciones en los transportes para su compañera, con la cual mantenía “una relación significativa” desde hacía más de dos años.  Ante la negación de la empresa, lleva el caso a los tribunales británicos y aduce el art. 119 (actual art. 141) del TCE y la Directiva 76/207; señala además que su predecesor en el puesto de trabajo (un hombre que declaró mantener “una relación significativa” con una mujer) había obtenido las ventajas que se le negaban a ella. El Tribunal reitera el requisito del Reglamento de la empresa ferroviaria, según el cual esas ventajas y reducciones se concedían al empleado o la empleada que viviera “de manera estable con una persona del otro sexo”.  Además, este requisito se aplica con independencia del sexo del trabajador de que se trate. Para reafirmar sus ideas, la Sra GRANT había aducido que el Parlamento Europeo se había pronunciado contra cualquier discriminación motivada por la tendencia sexual de un individuo; el Tribunal admite ese pronunciamiento parlamentario, pero añadiendo que “la Comunidad no ha adoptado, hasta ahora, normas para poner en práctica dicha equiparación”. Examinando el problema desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el Tribunal realiza un recorrido en tres etapas: En la primera  revisa  el derecho interno de los Estados miembros.  En la segunda etapa realiza un examen tanto de las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; también analiza, en su tercera etapa,  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y alguna comunicación del Comité de Derechos Humanos creado en el Pacto. En la primera etapa el Tribunal  afirmará que,  aun cuando en algunos de los Estados miembros “la vida en común de dos personas del mismo sexo se equipara al matrimonio, aunque de modo incompleto, en la mayor parte de los Estados miembros se equipara a las relaciones heterosexuales estables si vínculo matrimonial sólo en lo que respecta a un número limitado de derechos o no es objeto de ningún reconocimiento específico”. En la segunda etapa transita por las acciones de los órganos de protección creados por la Convención o Convenio Europeo de  Derechos Humanos; por eso el Tribunal de Justicia acude a las decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos [36] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn36> .  Pues bien, el citado órgano “estima que, a pesar de la evolución contemporánea de las mentalidades en cuanto a la homosexualidad, las relaciones homosexuales duraderas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del respeto a la vida familiar, protegido por el art. 8 del Convenio…”  Según tales decisiones, ello no viola el art. 14 del Convenio, que prohibe la discriminación. Durante esta segunda etapa el Tribunal de Justicia se vale asimismo  de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; éste “interpreta además el art. 12 [37] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn37> del Convenio en el sentido de que se refiere únicamente al matrimonio tradicional entre dos personas de sexo biológico diferente”. En la tercera etapa se centra el Tribunal de Justicia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; responde así  a la alegación de la Sra GRANT según la cual las normas comunitarias deben interpretarse en el sentido de que prohiben las discriminaciones basadas en la orientación sexual; la sentencia reitera que el Pacto constituye una de sus fuentes de inspiración, pero no admite -como lo hiciera el Comité de Derechos Humanos, creado en el Pacto- que el  concepto de sexo abarque también las preferencias sexuales. El por qué rechaza ese argumento queda claro: El Comité “no es un órgano jurisdiccional” y sus “opiniones carecen de valor jurídico vinculante”; además, el Comité se limitó “a señalar que, a su parecer, la referencia al sexo” incluye en el Pacto las preferencias sexuales. Entre sus fuentes internacionales de inspiración el Tribunal de Justicia hace primar a las europeas sobre las universales; además hace primar  los pronunciamientos de órganos jurisdiccionales sobre los  de otros órganos que no tienen este carácter. Buscando, por tanto, “la interpretación generalmente admitida hoy día del concepto de discriminación por razón de sexo que figura en diferentes instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos fundamentales”, la sentencia alcanza una doble conclusión: 1ª “En el estado actual del Derecho en el seno de la Comunidad, las relaciones estables entre dos personas del mismo sexo no se equiparan a las relaciones entre  personas casadas o a las relaciones estables sin vínculo matrimonial entre personas de distinto sexo.  Por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga a un empresario a equiparar la situación de una persona que tiene una relación estable con un compañero del mismo sexo a la de una persona casada o que tiene una relación estable sin vínculo matrimonial con un compañero del otro sexo” (cons. 35). Todo ello sucede “en el estado actual del Derecho en el seno de la Comunidad”; por tanto, puede suceder lo contrario en el derecho de un Estado miembro concreto y, desde luego, puede cambiar en el futuro.  2ª “En su estado actual, el Derecho comunitario no se aplica a una discriminación basada en la orientación sexual” (cons. 47). Esta segunda conclusión la reafirma el Tribunal pasando por alto las previsiones del Tratado de Amsterdam. Efectivamente el actual art. 13 del TCE permite al Consejo adoptar las medidas necesarias para la supresión de diferentes formas de discriminación, entre otras la basada en la orientación sexual; al no hallarse vigente este tratado, el Tribunal no tiene la obligación estricta de inspirarse en ese art. 13, pero parece que tampoco hubiese sido demasiado estridente que hubiese adoptado la solución opuesta.    
[33] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftnref33>  As. C-13/94, Rep. 96, pp. I-2159-2167.
[34] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftnref34>  Son de 10 de Junio de 2003.
[35] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftnref35>  As. C-249/96,s ent. de 17 de Febrero de 1998, Rep. 98, I-637, cons. 2-9, 26-27,  31-35 y 43-48.
[36] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftnref36>  Creada por la Convención Europea de Derechos Humanos, la mencionada COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS ha desaparecido el 1 de Noviembre de 1998, como consecuencia de la entrada en vigor del Protocolo Adicional nº 11 a la Convención Europea, que considera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el único órgano convencional de protección.
[37] <http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftnref37> Ese art. 12 recoge el derecho del hombre y la mujer, a partir de la edad núbil, a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan este derecho.
  
Ángel G.  CHUECA SANCHO (agchueca@unizar.es)
http://www.unizar.es/departamentos/derecho_publico/tercer_ciclo/Unidad4.htm#_ftn33   LA PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR RAZON DE SEXO
·       SUMARIO: I)                 LA EVOLUCIÓN NORMATIVA: A)      Los tratados B)      La Directiva 97/80/CE. II)                 LA VIGENCIA DE LAS TRES SENTENCIAS DEFRENNE. III)                DISCRIMINACIONES DIRECTAS, INDIRECTAS Y POSITIVAS. IV)                LAS DISCRIMINACIONES DIRECTAS. A)      Las discriminaciones directas en igualdad salarial, trabajo a tiempo parcial y pensiones. B)      Igualdad de trato en el acceso al empleo. C)      Igualdad, despido y transexualidad D)      Igualdad y relaciones entre personas del mismo sexo. V)                  LAS DISCRIMINACIONES INDIRECTAS: A)      Las discriminaciones indirectas salariales B)      Las discriminaciones indirectas en la promoción laboral C)      Las discriminaciones indirectas en la maternidad. D)      La progresiva aplicación de la no discriminación en la Seguridad Social. VI)                LAS DISCRIMINACIONES POSITIVAS: A)      El caso KALANKE B)      La sentencia MARSHALL y la jurisprudencia posterior VII)              DISCRIMINACIONES CONTRARIAS AL SEXO MASCULINO VIII)            BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA RECIENTE IX)                TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

 

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