la discriminación LGTBI en Cataluña 2016

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la discriminación LGTBI en Cataluña.

El informe que presenta el Observatorio contra la Homofobia hoy denuncia el aumento exponencial de los casos de ‘bullying’ pero, por el contrario, subraya las mejoras del colectivo en el ámbito sanitario

Luces y sombras para el colectivo LGTBI en Cataluña. Se pone fin a la discriminación del acceso a la reproducción asistida para las mujeres sin pareja masculina; pero, por el contrario, aumentan exponencialmente los casos de ‘bullying’ escolar contra el colectivo. Estas son dos de los datos más relevantes que recoge el informe ‘El estado de la LGTBIfòbia en Cataluña, 2016’, que el Observatorio contra la Homofobia presenta este jueves, 30 de marzo, ya las que CRÍTICO ha tenido acceso en primicia.

La paliza a la pareja homosexual de Berga, el ataque al joven de Santos y el tour del bus transfóbico de Hazte Oír son algunas de las agresiones recientes más mediáticas que ha sufrido el colectivo LGTBI. Desgraciadamente, no son hechos aislados. Así lo evidencian los datos recogidos en el informe ‘El estado de la LGTBIfòbia en Cataluña’, que recopila anualmente las discriminaciones que sufre el colectivo en diferentes ámbitos. Este 2016 se han registrado 84 en total, 29 menos que el año anterior. A pesar de que, de entrada, esto puede parecer positivo, la percepción del presidente del Observatorio contra la Homofobia , Eugeni Rodríguez , no es muy optimista. “Creemos que se debe sobre todo al cansancio y la fatiga del colectivo, que ve que las denuncias no terminan en una sanción a los agresores o entidad discriminadora”, afirma.

De hecho, hace dos años y medio que se aprobó la ley contra la LGTBIfòbia, y, en este tiempo, la Generalitat sólo ha interpuesto una única sanción administrativa “de los más de 100 casos de posibles denuncias” que el Observatorio ha enviado al Gobierno, comenta Rodríguez. La Dirección General de Igualdad rebaja esta cifra a 63, argumentando que no todas las comunicaciones que transmiten las entidades pueden ser consideradas como denuncias. La directora de esta área, Mireia Mata , concreta que sólo lo son aquellas en las que “una persona identificada da conocimiento a la Administración de unos hechos con ruego que abra una investigación para ver si esto es sancionable o no”. Mata, sin embargo, reconoce que es complejo que las denuncias terminen en sanción “por las dificultades a aportar alguna prueba documental o testimonial”. “Sin pruebas [los juzgados], termina siendo la palabra de uno contra el otro”, se lamenta. En el último mes, se ha sumado una nueva actuación de la Generalitat para penalizar agresiones LGTBIfòbiques: la Administración catalana pidió que se impidiera la circulación del bus transfóbico de Hazte Oír y ha abierto un expediente que podría terminar en una sanción de hasta 3.000 euros a la plataforma ultracatólica.

Crece el ‘bullying’, pero se normaliza el derecho a la reproducción asistida

Según los datos recogidos en el informe de  el Observatorio contra la Homofobia , las agresiones de todo tipo, verbales y físicas, vuelven a ser las incidencias más frecuentes denunciadas por el colectivo. Suponen casi un 31% del total de incidencias. También han aumentado ligeramente los casos de discursos de odio, de desigualdad institucional o de discriminación reproducida por los medios de comunicación.

Pero lo más alarmante del 2016 ha sido el aumento exponencial de los casos de ‘bullying’ en escuelas e institutos . El Observatorio ha reunido 11 en total y el acoso escolar se ha convertido la segunda categoría que más incidencias recoge. Respecto a esto, Eugeni Rodríguez se muestra tajante: “Nosotros denotamos una falta absoluta de interés político para con este aspecto, mucha opacidad en las políticas de enseñanza y ninguna complicidad con las entidades para encontrar las soluciones adecuadas”.

En el otro lado de la balanza, han caído los ataques a través de Internet y de las redes sociales, la discriminación laboral y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Esto se debe a que, después de años de lucha, finalmente la actual conselleria de Salud, encabezada por Toni Comín , ha dado respuesta a dos de los hitos históricos del colectivo: el reconocimiento de que la condición trans es una diversidad humana y no una patología y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.

Como ya ocurría en años previos, el colectivo que ha comunicado más incidencias es el de hombres gays y bisexuales , si bien este año registra menos. Por el contrario, han subido un poco las presentadas por mujeres lesbianas y para personas trans. “A lo largo de la historia del movimiento, los hombres gays y bisexuales siempre han sido los más visibles”, detalla la directora del informe, Elena Longares ; “Esto les ha puesto en el punto de mira de los agresores; pero, como es el colectivo más apoderado, registra más incidencias que los demás “. Según Longares, la población trans también sufre muchas discriminaciones que aún quedan invisibilizadas, así como las mujeres, “que estamos tan acostumbradas a recibir vejaciones e insultos que identificarlas también como lesbofobia o bifobia y denunciarlas nos cuesta más”.

Por otra parte, el territorio que ha acumulado más incidencias en 2016 es Barcelona; pero, si se tiene en cuenta el peso poblacional de cada provincia, la cifra de denuncias es proporcionalmente superior a la demarcación de Lleida . En este territorio, en 2015 ya se creó un consejo municipal LGTBI, y esto, sumado al trabajo de la asociación Colores de Ponent, que impulsa actividades de apoyo y visibilización del colectivo, “ha ayudado a consolidar un entorno en el que las personas pueden identificar las agresiones y tienen un lugar donde denunciarlas “, explica Longares. A pesar de que las incidencias registradas en total en 2016 sean inferiores a las de 2015, que aún se registren indica que la existencia de una norma que defienda los derechos del colectivo LGTBI no ha sido suficiente para eliminar la LGTBIfòbia.

Enseñanza, los datos más preocupantes

Según los datos del Observatorio, el ‘bullying’ contra los niños y las niñas LGTBI ha crecido de manera notoria el último año. Es una de las cuestiones más alarmantes, apuntan los responsables del informe. También es un tema que preocupa a la Administración, si bien los datos que registra indican que el acoso escolar va a la baja. Este baile de cifras es consecuencia de que Enseñanza utiliza los cursos escolares como período de referencia, mientras que el Observatorio recoge los datos por años. En los últimos dos cursos, la Generalitat ha recibido 18 casos de ‘bullying’ LGTBIfòbic , 13 y 5 respectivamente, si bien este curso aún no ha terminado. En todo caso, la subdirectora general de Apoyo y Atención a la Comunidad Educativa, Gené Gordó, asegura que han disminuido los casos y que, además, todos “se han resuelto de manera satisfactoria”. “No te podría decir por qué el Observatorio registra un aumento, no son los datos que nosotros tenemos”, puntualiza. “En el momento que salió la ley se activaron unos mecanismos, se sensibilizó a la sociedad y todo el mundo se movió; por lo tanto, es lógico que haya estos datos, pero a mí me parece que la tendencia es positiva “.

Sean más o menos numéricos los casos de acoso, las entidades en defensa de los derechos del colectivo LGTBI consideran que se podrían erradicar todos estos casos si desde pequeños los niños aprendieran a convivir y poner en valor la diversidad. “La ley tiene un artículo que habla de la coeducación como marco en el que incluir la diversidad afectiva, sexual, familiar y de género y dice que debe constar en los libros de texto y en la documentación de la escuela,” explica Katy Pallás, presidenta de la asociación de Familias Gays y Lesbianas , “pero Enseñanza no sólo no lo cumple, sino que, cuando les pedimos que hablar con ellos, no nos atienden; tenemos las puertas cerradas “.

Crece el ‘bullying’ LGTBIfòbic en la escuela: ya hay 18 casos denunciados en dos años en manos de la Generalitat

En el sector educativo, las entidades creen que no ha habido suficiente interés a implementar los mandatos de la ley , tampoco en cuanto a la aplicación de protocolos contra el ‘bullying’ ni a formar los profesionales. Gordó opina que esta visión “es poco realista”, sobre todo porque en los últimos años “se han facilitado muchos recursos para trabajar la inclusión”, que, según su criterio, es un rasgo inherente a las escuelas. “A veces perdemos de vista que el sistema educativo es inclusivo por definición; no todo empieza a partir de una ley por los derechos del colectivo LGTBI “, explica. “Debe de haber excepciones y margen de mejora, pero en general es una manera de hacer propia de los docentes.”

Enseñanza no ha sido de brazos cruzados todo este tiempo. Como recuerda la subdirectora general, en estos dos años y medio el Departamento ha elaborado una normativa según la cual los centros estaban obligados a nombrar los menores trans con su nombre sentido y adaptar toda la documentación interna; se han elaborado guías para las familias para ayudarlas a trabajar la diversidad sexual y se ha incluido la LGTBIfòbia dentro del protocolo de odio y discriminación. “De recursos, hay muchos, también formativos, que era una de las quejas que había”, apunta Gordó. “La formación quizás es un punto débil, pero también la hacemos y hemos de ofrecer más.”

La implementación de la ley contra la LGTBIfòbia a la Comisión Igualdad del Parlamento / OBSERVATORIO CONTRA LA HOMOFOBIA

En todo caso, tal vez el problema es que no se ha hecho lo suficiente seguimiento para corroborar si estos esfuerzos han tenido sus frutos . “Yo estoy harta de escuchar el término ‘bollera’ o ‘maricón de mierda’ por los pasillos de la escuela”, explica Katy Pallás, que también es profesora. Ella asume que se han creado protocolos, “aunque no son específicos para nuestro colectivo”, pero opina que, si la formación del profesorado en materia LGTBI no es obligatoria y se hace en función de las necesidades de cada centro , acaba dependiendo de la voluntad del profesor para realizarla o no. “Hay maestros que nos dicen que no tienen alumnos gays, lesbianas o bisexuales, como si esto fuera visible!”, Comenta; “Quizás no los ves, pero los tienes que atender y, para hacerlo, debes dar esta información”. Desde su punto de vista, “del mismo modo que un docente debe saber catalán, también debería recibir formación en diversidad sexual y de género por imperativo legal”.

Salud, una victoria ‘matizada’

El ámbito de la salud es uno de los sectores donde ha habido cambios significativos en la implementación de la ley contra la LGTBIfòbia a partir del nuevo Modelo deAtención en Salud de las Personas Trans. Hasta hace poco, la condición trans, reducida a la transexualidad, estaba considerada un trastorno mental, y esto implicaba que estas personas tenían que pasar obligatoriamente por un diagnóstico psiquiátrico y tener acceso a los tratamientos. En octubre pasado, sin embargo, se anunció el cambio de modelo elaborado conjuntamente entre la plataforma de entidades Trans * forma la Salud  y la Consejería de Salud, que ha sido pionero en toda Europa. La Generalitat se ha comprometido a despatologitzar la condición trans , garantizar el acceso de estas personas a los tratamientos hormonales ya acompañarlas en su proceso de transición. “Partimos de la convicción de que el género no es binario, que es una percepción o un ‘ser’ que sólo la entiende la misma persona”, afirma Cristina Nadal, directora del Área de Atención Sanitaria del CatSalut . “Es una obviedad y, cuando eres consciente, ves que muchas cosas no se estaban haciendo bien o había un gran margen de mejora.”

La Unidad de Identidad de Género del Clínico todavía clasifica las personas trans en una categoría psiquiátrica

Las entidades están satisfechas de que el Departamento de Salud “haya asumido como sus nuestras tesis”, explica Judit Roura, portavoz de la plataforma Trans * forma la Salud . “Con la nueva conselleria hemos visto un cambio radical; hasta ahora no había habido ninguna respuesta política para con nuestra situación “, añade. Sin embargo, lamenta que se haga bandera de la despatologización de las personas trans, cuando ” tratarnos como enfermos aún sigue siendo una opción permitida “. Roura explica que los psiquiatras de la Unidad de Identidad de Género ( UIG ) del Hospital Clínico, que era el anterior centro de referencia y que aún sigue en activo, continúa clasificando las personas y los diagnostica una categoría psiquiátrica, según la que les ofrecen o los niegan el acceso a la atención sanitaria. De este modo, opina Roura, “la atención a la diversidad de género deja de ser un derecho para ser un permiso”.

El Departamento asume que la UIG “es demasiado paternalista y exige unos criterios que no son exigibles” y por ello ha establecido que la unidad de Tráfico del CAP de Manso de Barcelona sea el servicio de referencia y la puerta de entrada al sistema público, donde puedan dirigirse las personas trans que quieran asesoramiento sobre el proceso de transición. “Lo que hemos hecho es avisar al territorio que la puerta de entrada única sea por Tráfico y la puerta de la UIG la hemos cerrado pero no del todo, porque también es verdad que hay gente que se siente a gusto aquí dentro” , dice Cristina Nadal, que considera que la opción más inteligente es “sumar todo lo que sea reciclable”.

El embarazo, un derecho para todas las mujeres

La segunda gran logro que ha conseguido el colectivo LGTBI en el ámbito de la sanidad ha sido que la maternidad deje de ser una barrera para las parejas de mujeres y para las mujeres sin pareja masculina. Hasta julio pasado, su acceso a las técnicas de reproducción asistida por la vía pública estaba vetado. De hecho, el protocolo del CatSalut según el cual se regían los hospitales indicaba claramente que este servicio iba dirigido a “parejas heterosexuales”. El nuevo Gobierno ha ampliado el acceso a todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o modelo familiar , y entre los meses de julio y de diciembre del año pasado ya se recibieron 285 peticiones nuevas de mujeres para someterse a estas técnicas. El Departamento explica que el nuevo protocolo se aprobó por una cuestión de equidad. “Si las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos tienen acceso a esta tecnología, las mujeres que son pareja o que no tienen pareja también se han de poder beneficiarse”, apunta la responsable del CatSalut, Cristina Navidad. “Me parece que era una desigualdad tremenda”, remacha.

Desde la Campaña Feminista por el Derecho a la Reproducción Asistida de Todas las Mujeres  valoran muy positivamente este cambio de enfoque. “Creemos que ha habido voluntad política para incluir también demandas que iban más allá de lo estrictamente decía la ley”, afirma María Redondo, una de sus portavoces. Sin embargo, aseguran que han detectado deficiencias a la hora de implementar el nuevo protocolo . Según explicaron algunas usuarias, las indicaciones que han llegado a los CAP y los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva respecto “han sido desiguales”, lo que ha derivado, algunas veces, “en desinformación o una mala información” sobre los derechos de las mujeres.

La principal queja de la campaña, sin embargo, es la desigualdad territorial. “Creemos que es importante que estas técnicas, que en la mayoría de los casos son inseminaciones artificiales y no requieren una gran infraestructura, se hagan en lugares de proximidad para las usuarias”, continúa Redondo, “y esto no está siendo así porque todas las mujeres las acaban derivando en la clínica Puigverd “, una fundación privada que hace servicio público. Cuando se aprobó el nuevo protocolo, el Departamento anunció que contrataría el servicio a 15 centros, 8 más de los que había contratados entonces . Cristina Nadal admite que todo está centralizado en la Puigverd “porque teníamos interés en dar este acceso tan rápidamente como fuera posible” pero que eso “no tiene por qué ser así siempre”. “Tenemos que contratar el servicio y el esperma; pero, cuando nos organizamos para distribuirlo a más clínicas, se podrá hacer la inseminación en centros de todo el territorio “, promete Navidad.

El Síndic de Greuges critica la falta de un régimen de sanciones

Casi dos años y medio después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas LGTBI, aún no se ha dictado el decreto que establecerá el régimen sancionador por incumplimientos de dicha normativa . La denuncia la ha hecho el Síndic de Greuges esta semana a través de un informe para el Parlamento y manifiesta que, aunque la Generalitat considera que todas las infracciones detectadas son sancionables, no ha regulado “el régimen sancionador que contenga la tipificación , la clasificación y los criterios de graduación de las infracciones relacionadas con las diversas formas de discriminación “. A pesar de las medidas implementadas hasta ahora, sobre todo en sanidad y en educación, el ente público pide “impulsar las políticas en materia LGTBI para lograr un cambio efectivo de paradigma y una igualdad real” y considera que el despliegue de la ley “debe ir acompañado de un cambio de valores y de creencias que la hagan posible “.

Les dades de la vergonya: la discriminació LGTBI a Catalunya

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